La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) generó un fuerte rechazo por parte de distintas entidades que representan a sectores industriales. Denuncian que la medida habilita el ingreso de maquinaria usada que ya se fabrica localmente, afectando la competitividad y calidad del entramado productivo.
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) se manifestaron en contra del decreto que pone fin al CIBU, señalando que compromete “la seguridad productiva y la salud” de los consumidores. La organización expresó su preocupación a través de sus canales oficiales, donde alertaron sobre la falta de controles técnicos y trazabilidad en el ingreso de equipos obsoletos.
A estas críticas se sumaron las principales instituciones empresariales bonaerenses, que recordaron que el CIBU fue durante más de treinta años una herramienta clave para regular el ingreso de bienes de capital usados. La eliminación del sistema, sostienen, representa un retroceso que debilita la protección de la industria nacional.
“Argentina avanza en sentido contrario al de las principales economías del mundo”, advirtió Adimra, al señalar que mientras otros países refuerzan políticas industriales, el nuestro se transforma en “un mercado residual de tecnologías descartadas”. Por eso, consideraron urgente avanzar en políticas activas que promuevan innovación, empleo calificado y desarrollo tecnológico.
Uno de los sectores más expuestos ante esta apertura es el de la maquinaria agrícola. En el corazón productivo santafesino —Las Parejas, Las Rosas y Armstrong—, decenas de pymes podrían quedar en situación de desventaja si deben competir con maquinaria importada de bajo costo y sin garantías técnicas.
Desde Buenos Aires, la Unión Industrial de la Provincia (Uipba), Adiba, Cepba y la Federación Económica (FEBA) emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que “la eliminación del CIBU atenta contra la industria nacional y la balanza comercial”. Si bien reconocen la necesidad de simplificar trámites, advierten que no debe hacerse a costa de herramientas estratégicas.
Las entidades remarcaron que la medida debilita los estándares técnicos requeridos y promueve una competencia desleal frente a la producción local. “Esta política, junto a otras que priorizan lo importado, configura un escenario preocupante para el futuro de nuestra industria”, alertaron.
El sector de bienes de capital en territorio bonaerense representa el 21,5% del empleo industrial y agrupa al 18,9% de las empresas metalúrgicas del país. Además, aporta el 27,2% del producto bruto industrial metalúrgico de la región.
