El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema de contrataciones para la obra pública, con condiciones más flexibles para incentivar la competencia y garantizar un mayor control. A través del Decreto 206/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se creó el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una base de datos administrada por la Oficina Nacional de Contrataciones.
El SICO permitirá centralizar la inscripción de quienes deseen contratar con el Estado, organizándolos en tres categorías: Proveedores (SICO-PRO), Contratistas de Obra Pública (SICO-COP) y Concesionarios de Infraestructura y Servicios Públicos (SICO-CON).
En lo que respecta a la obra pública, el sistema registrará y clasificará a los contratistas, evaluando aspectos como su capacidad financiera, antecedentes, historial de contrataciones, incumplimientos y sanciones previas. Además, se estableció que los criterios de calificación deberán contemplar tanto a empresas nacionales como extranjeras, incluyendo su experiencia en proyectos públicos y privados.
Una de las modificaciones clave es la eliminación de la capacidad de contratación referencial, lo que busca evitar que solo las mismas empresas accedan a los proyectos estatales. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el esquema anterior “ponderaba exclusivamente las obras realizadas para el Estado”, lo que favorecía a ciertos grupos económicos. “Se empieza a desarmar el club de la obra pública que tuvo a los argentinos de rehén por 80 años”, aseguró.
La normativa también introduce excepciones para proyectos menores a 15.000 Módulos, permitiendo la participación de empresas sin calificación en el SICO-COP si presentan garantías alternativas, como depósitos bancarios o fianzas.
El nuevo sistema se integrará con las plataformas electrónicas COMPR.AR y CONTRAT.AR, aunque su implementación será progresiva hasta que se dicte la normativa complementaria. Hasta entonces, seguirán vigentes los regímenes previos.
Desde el Ejecutivo destacan que este cambio busca establecer un proceso de contratación “más transparente, competitivo y con mayor protección para el Estado”, con el objetivo de evitar irregularidades y ampliar la participación en la obra pública.
